La Cámara Minera de México (Camimex) pronostica que la industria minera tenga una inversión minera similar a la que tuvo en 2022, pese a la duda que surgió después de las modificaciones en la Ley Minera.
De acuerdo con un informe publicado por la Camimex, se estima que la industria minera tenga una inversión semejante a la registrada en 2022, sin embargo, aun sin alcanzar el máximo nivel de inversión que se tuvo en 2012.
Fue en el año 2012 cuando se tuvo el pico más alto en el tema de inversión minera; México obtuvo 8 mil 043 millones de dólares en la industria minero-metalúrgica, cifra que incluye los 1,165 millones en exploración.
Aunque no ha vuelto a igualar la inversión que se tuvo en 2012, la inversión del 2022 fue la más alta desde 2014.
“Las proyecciones para la IED no son alentadoras, debido a las reformas mineras recientemente aprobadas por el Congreso, que han generado preocupación entre los inversores”, comentó la Camimex.
Inversión minera del 2022
En el año 2022, la industria minera del país registró 167 empresas extranjeras con operaciones activas en el territorio mexicano, de las cuales el 71% son canadienses, 10% empresas de Estados Unidos y el 5% de Australia. También, hay mineras provenientes de países como Japón, Corea, Reino Unido, China, India, España, Francia, entre otros.
Jaime Gutiérrez, presidente de la Camimex, compartió que una alternativa para aumentar la competitividad de la minería está en la seguridad jurídica y patrimonial de las empresas, ya que solo así los inversores tendrán la seguridad de invertir sin esperar a que cambien las reglas cuando menos se espere.
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Ante esto, Karen Flores, directora de la Camimex, dio a conocer que un aspecto que preocupa al sector extractivo es el nuevo marco regulatorio para la exploración, no obstante, agregó que las empresas esperan mayor claridad en las reglas.
Uno de los cambios en la Ley Minera establece que la exploración y búsqueda de minerales dentro del territorio es solo del Estado, a través del Servicio Geológico Mexicano.
Otro cambio en la ley es la reducción del tiempo en la concesión para la explotación de las minas, pasó de 50 a 30 años, aunque puede haber una prórroga para trabajar la tierra por otros 25 años más, solo con 55 años como máximo. Esta modificación puede ser de beneficio para la inversión minera.
