A lo largo de los años, la minería ha sido uno de los cimientos de la economía del país, una fuente de desarrollo de varios ámbitos que hasta el día de hoy da frutos.
Los recursos minerales y los metales preciosos que se obtienen a través de la minería son pieza clave de todo lo que nos rodea y en algunos casos, el elemento principal que hace funcionar toda una industria.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJFE) justificó las recientes modificaciones a la Ley Minera que debate la oposición. De acuerdo con el discurso de los legisladores, estos esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule el decreto sobre las concesiones para la actividad minera y el uso de agua. Sin embargo, la CJFE opina que la crítica de los opositores carece de fundamentos.
¿Qué busca cambiar las nuevas reformas?
Parte de lo que buscan las reformas a la Ley Minera es garantizar la comunicación con los pueblos indígenas donde se consulta y se hace petición por el uso adecuado de sus tierras y agua. Estas medidas tienen el propósito de practicar una minería más inclusiva y sostenible.
Desde 1994, el país ha trabajado para investigar los recursos minerales que hay en el territorio. El Servicio Geológico Mexicano ha demostrado que el país posee la capacidad técnica y científica necesaria para este campo.
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¿Retroceso o progreso para la minería?
Invalidar las reformas a la ley significaría un retraso de la justicia, y una barrera para escuchar las necesidades de los demás, pues solo se beneficiarían los intereses privados en lugar del bienestar de las comunidades.
Las reformas actuales consisten de la consulta previa, informada y bien intencionada con las comunidades indígenas, con el objetivo de beneficiar primeramente a estas comunidades y reconocer su derecho constitucional.
Además, el motivo de este decreto es recuperar el control estatal de los recursos minerales e hídricos. Esto es un esfuerzo para asegurar que todos los recursos de la nación sean aprovechados para beneficio del desarrollo del país.
La renovación en la Ley Minera busca encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico, los derechos indígenas y la sostenibilidad de en los procesos.
